17 de diciembre de 1992. San Antonio, Texas. Tres jefes de Estado se sientan a la misma mesa en un momento que marcaría un punto de inflexión en la historia económica de América del Norte. Carlos Salinas de Gortari, presidente de México; George H. W. Bush, presidente de Estados Unidos; y Brian Mulroney, primer ministro de Canadá, estampan su firma en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). No se trataba de un acuerdo más, sino de una apuesta ambiciosa por redefinir la integración regional bajo los principios de la liberalización comercial, la apertura de mercados y la convergencia productiva.
El TLCAN prometía lo que hasta entonces parecía improbable: una Norteamérica sin barreras arancelarias, articulada como un bloque competitivo frente a Europa y Asia, y cohesionada por la lógica de la globalización y el libre mercado. Detrás del discurso económico, sin embargo, también operaban intereses estratégicos más amplios: asegurar cadenas de suministro, consolidar esferas de influencia y anclar a México de manera irreversible al orden económico occidental de la posguerra fría.
Hoy, en 2025, ese paradigma muestra señales evidentes de agotamiento. Casi tres décadas después de la firma del tratado, la integración comercial norteamericana enfrenta un proceso de fragmentación acelerada. Las tensiones geopolíticas, la rivalidad estratégica con China, la reconfiguración de las cadenas globales de valor y la securitización del comercio han alterado profundamente las premisas que dieron origen al TLCAN y, posteriormente, al T-MEC.
En este contexto, resulta particularmente significativo el giro de México —históricamente uno de los principales defensores del libre comercio en América Latina— hacia una agenda explícitamente proteccionista. El gobierno de Claudia Sheinbaum ha anunciado la imposición de aranceles a importaciones provenientes de países como China, Indonesia, Corea del Sur y Tailandia, bajo el marco de un denominado “Programa de Protección para las Industrias Estratégicas”.
Más allá de su denominación técnica, el programa implica la instauración de nuevas barreras arancelarias que afectarían importaciones por un valor estimado de 52 mil millones de dólares, abarcando sectores clave como automóviles, autopartes, textiles y manufacturas intermedias. La medida plantea interrogantes fundamentales: ¿por qué ahora?, ¿por qué estos sectores?, ¿y bajo qué lógica se redefine el papel del comercio exterior en la estrategia nacional de desarrollo?
La respuesta comienza a delinearse en el plano geopolítico. En el ínterin, se publicó la Estrategia de Seguridad Nacional 2025 (NSS-2025) de Estados Unidos, un documento que consolida la visión de que el comercio, la industria y la tecnología han dejado de ser ámbitos puramente económicos para convertirse en instrumentos centrales de la competencia estratégica global. En este nuevo marco, la protección de capacidades productivas críticas, la reducción de dependencias externas y el control de flujos comerciales adquieren una dimensión de seguridad nacional.
Así, el giro proteccionista mexicano no puede entenderse como un fenómeno aislado ni coyuntural, sino como parte de una reconfiguración más amplia del orden económico norteamericano, en el que la integración ya no se define únicamente por la eficiencia de los mercados, sino por consideraciones de resiliencia, autonomía estratégica y alineamiento geopolítico.
LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD NACIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS (2025)
La publicación de la National Security Strategy (NSS) de 2025 por parte de la administración estadounidense constituye un punto de inflexión en la doctrina estratégica de Estados Unidos. El documento representa una ruptura explícita con el enfoque globalista e intervencionista que, al menos en el plano discursivo, se proclamaba respetuoso de un orden internacional basado en reglas y que dominó la política exterior estadounidense desde comienzos de la década de 1990.
La nueva estrategia redefine de manera sustantiva tanto los intereses vitales de Estados Unidos como los instrumentos legítimos para garantizar su seguridad, introduciendo un marco conceptual que combina realismo geopolítico, soberanía nacional, competitividad económica y una jerarquización estricta de prioridades regionales. En este sentido, la NSS-2025 no se limita a actualizar lineamientos previos, sino que plantea una reorientación doctrinal profunda.
El documento parte de una autocrítica severa. Según su diagnóstico, las estrategias de seguridad posteriores a la Guerra Fría habrían fracasado por expandir de forma excesiva y ambigua el concepto de “interés nacional”, convirtiéndolo en una suerte de lista de deseos (wish list) sin prioridades claras. Esta dilución habría derivado en intervenciones militares costosas, prolongadas y con retornos estratégicos limitados, además de erosionar la base industrial y fiscal que sostiene el poder estadounidense. La NSS-2025 se presenta, así, como un esfuerzo explícito por corregir estos errores y sentar las bases para una nueva “Edad de Oro” estadounidense, entendida como un periodo de renovación del poder nacional desde dentro.
En oposición a los enfoques previos, la nueva doctrina establece un principio rector inequívoco: solo los intereses vitales deben guiar la acción exterior de Estados Unidos. Dichos intereses se definen de manera restrictiva y concreta en torno a la protección de la soberanía y las fronteras nacionales; la defensa de la población y de la integridad territorial; la seguridad económica, energética e industrial; y la preservación del modo de vida y la identidad cultural estadounidenses.
Desde esta óptica, la seguridad deja de concebirse exclusivamente en términos militares y se amplía hacia dimensiones productivas, tecnológicas y logísticas. La estrategia subraya la necesidad de reconstruir la base industrial, energética y tecnológica como condición indispensable para sostener tanto la superioridad militar como la competitividad económica de largo plazo. El comercio, la industria y las cadenas de suministro pasan a ser elementos centrales del aparato de seguridad nacional.
Uno de los elementos más significativos de la NSS-2025 es su enfoque regional jerarquizado, que marca un retorno explícito a la lógica de las esferas de influencia. En este esquema, el continente americano se establece como la prioridad estratégica absoluta. El documento introduce de manera implícita lo que diversos analistas han denominado un “Trump Corollary” a la Doctrina Monroe, según el cual Estados Unidos debe garantizar de forma activa que ninguna potencia rival consolide presencia estratégica en el hemisferio occidental.
Este principio se articula en torno a tres objetivos centrales: contener la influencia de potencias rivales como China, Rusia e Irán; controlar los flujos migratorios irregulares; y proteger infraestructuras críticas y recursos estratégicos considerados esenciales para la seguridad nacional. La NSS-2025 deja claro que la estabilidad hemisférica no se concibe como un espacio de cooperación abierta, sino como una condición de seguridad que exige exclusividad estratégica.
En este sentido, la idea de construir una “Fortaleza Norteamericana”, que en ensayos previos se planteaba como una hipótesis en formación, aparece ahora superada por un planteamiento más directo: el retorno a una hegemonía defensiva hemisférica, en la que Estados Unidos no está dispuesto a tolerar la presencia o influencia estructural de potencias extrarregionales en su entorno inmediato. La exclusión explícita de actores como China, Rusia o Irán del hemisferio occidental no es una consecuencia colateral de la estrategia, sino uno de sus pilares doctrinales.
EL PLAN SHEINBAUM: COMERCIO, PRESIÓN ESTRATÉGICA Y ALINEAMIENTO HEMISFÉRICO
El incremento arancelario recientemente aprobado por el Senado, incluido en el denominado Plan Sheinbaum, marca un punto de inflexión en la política comercial mexicana y tendrá efectos significativos sobre el segundo mayor socio comercial de México fuera del T-MEC. No se trata de una decisión aislada ni puramente técnica. Es, ante todo, una respuesta política a un entorno internacional crecientemente coercitivo, en el que Washington presiona y México ajusta su margen de maniobra.
La aprobación del incremento arancelario se produce en un contexto de tensión abierta con Estados Unidos, donde incluso se han ventilado, en el discurso político estadounidense, escenarios de intervención directa en territorio mexicano bajo el argumento del combate a los cárteles del narcotráfico. En este clima, el gobierno de Claudia Sheinbaum parece haber optado por una estrategia de contención: reducir fricciones con Washington mediante un endurecimiento deliberado frente a China.
México no parte de una posición cómoda. Ya ha sido objeto de amenazas arancelarias y medidas punitivas por parte de Donald Trump, y los riesgos para su economía exportadora son evidentes. Sin embargo, el giro resulta especialmente significativo porque afecta al núcleo mismo del modelo económico mexicano. El país que durante décadas apostó casi todo al comercio exterior, a la apertura y a la integración productiva global, comienza ahora a levantar barreras.
La pregunta, por tanto, es inevitable: ¿cuáles son las verdaderas razones de este viraje contra China?, ¿qué consecuencias puede tener para la economía mexicana?, ¿y hasta qué punto resulta sostenible ceder ante una presión estratégica externa que no parece coyuntural?
Desde el punto de vista técnico, el plan contempla un aumento arancelario que impacta aproximadamente al 8.6 % de las importaciones mexicanas, abarcando 19 sectores considerados estratégicos y 1,466 fracciones arancelarias. El alcance no es menor. No se trata de ajustes marginales, sino de una reconfiguración selectiva del régimen comercial.
Particularmente sensible es el caso de la industria automotriz, donde algunos productos enfrentarán aranceles de hasta 50 %. Este punto es clave: México fue el mayor importador mundial de vehículos chinos el año pasado. En consecuencia, la medida no tiene un carácter simbólico ni defensivo en abstracto; constituye un golpe directo y calculado contra la presencia industrial china en el mercado mexicano.
El endurecimiento no se limita a este sector. También se imponen aranceles de hasta 35 % en industrias como plásticos, electrodomésticos y manufacturas diversas. Entre los países afectados figuran Corea del Sur, India, Tailandia, Indonesia, Rusia, Ucrania y Turquía, además de China. En términos formales, el criterio es claro: se grava a países con los que México no mantiene tratados de libre comercio. En términos reales, el principal perjudicado es China, tanto de manera directa como indirecta, a través de países donde la producción china tiene una presencia relevante.
Visto en conjunto, el diseño del plan sugiere una maniobra cuidadosamente calibrada, alineada con la lógica de contención industrial y comercial que emana de la NSS-2025 estadounidense. No es un simple ajuste arancelario, sino un gesto de alineamiento estratégico en el marco de una hegemonía hemisférica en reconstrucción.
No obstante, la otra cara de la moneda revela las tensiones internas que acompañaron el proceso. Durante semanas, el plan estuvo en entredicho. No contaba con el respaldo pleno del partido oficialista; surgieron dudas entre legisladores; y los debates técnicos derivaron en enfrentamientos abiertos entre las secretarías de Economía y Hacienda, así como en fricciones con el sector empresarial. El calendario legislativo apretaba y todo indicaba que la aprobación podría postergarse hasta febrero.
Pese a ello, Sheinbaum logró imponer el curso de acción. Más allá de la coyuntura política, este desenlace confirma un elemento central del momento actual: la política comercial mexicana ya no se decide únicamente en función de eficiencia económica o apertura de mercados, sino como parte de una estrategia de supervivencia geopolítica en un entorno donde el comercio se ha convertido en un instrumento de poder.
LOS COSTOS OCULTOS DEL PLAN SHEINBAUM: CADENAS PRODUCTIVAS, INVERSIÓN Y SUBORDINACIÓN ESTRATÉGICA
El Plan Sheinbaum no solo genera ganadores potenciales; también introduce costos estructurales significativos que ponen en cuestión su viabilidad de largo plazo. La lógica arancelaria, por definición, es selectiva: proteger a un sector implica, casi inevitablemente, encarecer los insumos de otro. Si se impone un arancel al vidrio para beneficiar a los productores nacionales, es altamente probable que los fabricantes de focos, envases o componentes electrónicos —que dependen de ese vidrio— vean deteriorada su competitividad exportadora.
Este efecto de transmisión fue advertido con claridad por José Gerardo Tajonar Castro, presidente de la Asociación Mexicana de Importadores y Exportadores (ANIERM), quien señaló que los aranceles propuestos podrían elevar hasta en 100 % el precio de ciertos productos importados provenientes de China, Corea del Sur, India, Indonesia, Tailandia, Rusia y Turquía. La advertencia es relevante porque subraya que el debate no se limita a la protección de industrias locales, sino a una reconfiguración profunda de las rutas comerciales y de las cadenas de suministro que hoy sostienen a la economía mexicana.
Aquí radica el núcleo del problema. Una política concebida para blindar a la industria nacional puede, en la práctica, generar efectos contractivos en el mediano y largo plazo, afectando a sectores exportadores, encareciendo insumos y debilitando la posición de México en las cadenas globales de valor. La pregunta, entonces, es inevitable: ¿por qué asumir un riesgo tan elevado?
La respuesta se encuentra menos en la economía y más en la geopolítica. Los aranceles impuestos por Donald Trump han sacudido profundamente a múltiples industrias mexicanas, no solo por su impacto inmediato, sino porque han alterado de manera duradera las reglas del juego. México había logrado consolidarse como un destino privilegiado para la inversión extranjera gracias a su acceso preferencial al mercado estadounidense, reforzado tras la firma del T-MEC durante el primer mandato de Trump. Sin embargo, ese acceso ha dejado de ser predecible.
El mensaje es claro: si México quiere conservar condiciones relativamente favorables para comerciar con Estados Unidos, debe alinearse con sus prioridades estratégicas, y una de ellas es contener la penetración china, incluso cuando esta se materializa indirectamente a través del territorio mexicano. Desde esta perspectiva, el Plan Sheinbaum no es tanto una política industrial autónoma como un gesto de acomodamiento estratégico.
Ahora bien, ¿existen alternativas? La experiencia de Vietnam resulta ilustrativa. A pesar de haber sido objeto de presiones y aranceles, el impacto fue menor al previsto. Sectores de bajo valor añadido, como textiles y calzado, sufrieron, pero industrias más sofisticadas —maquinaria y electrónica— no solo resistieron, sino que aumentaron sus exportaciones a Estados Unidos. Parte de esta resiliencia se explica por una devaluación del 3.4 % del dong, que ayudó a absorber el choque arancelario.
México, sin embargo, enfrenta una situación distinta. El peso se ha apreciado y, aunque algunos análisis anticipaban una corrección cambiaria, esta no se ha materializado. Los mercados parecen escépticos. De acuerdo con datos del INEGI, la inversión fija bruta cayó casi 9 % interanual, una señal inequívoca del deterioro de las expectativas. La diferencia es crucial: sin un amortiguador cambiario, los aranceles pesan más.
México conserva, no obstante, una ventaja estratégica: el T-MEC. Los bienes que cumplen con las reglas de origen quedan exentos de aranceles, y el país ha adaptado progresivamente su estructura productiva para maximizar esa cobertura. Sin embargo, esta ventaja tiene límites. Como advirtió el Peterson Institute, la tasa arancelaria efectiva sobre la producción mexicana es mayor de lo que sugieren los aranceles nominales, debido a la alta dependencia de insumos importados. Cuando se grava el producto final, el impacto real sobre el valor añadido doméstico es desproporcionado.
Este problema estructural se manifiesta con especial claridad en el sector automotriz, uno de los pilares de las exportaciones mexicanas y, paradójicamente, uno de los sectores que el Plan Sheinbaum busca proteger. General Motors anunció el traslado de la producción de los modelos Blazer y Equinox de México a Tennessee y Kansas, con una inversión de aproximadamente 4 mil millones de dólares. La empresa anticipa pérdidas de entre 4,000 y 5,000 millones de dólares por efecto de los nuevos gravámenes. La reacción bursátil fue reveladora: las acciones subieron, señal de que el mercado percibe la decisión como racional.
Los datos refuerzan esta tendencia. El Reporte de Inversiones Automotrices al tercer trimestre de 2025 muestra una contracción del 83.75 % en el monto de nuevas inversiones respecto al mismo periodo de 2024. Aunque las exportaciones de vehículos no han colapsado —en parte gracias a la diversificación hacia otros mercados—, la señal es clara: la inversión se está adelantando al riesgo futuro.
En última instancia, el debate no gira únicamente en torno a China o a la protección de industrias estratégicas. Se trata de expectativas, credibilidad y certidumbre jurídica. Trump ya ha demostrado que las concesiones no garantizan estabilidad, como lo ilustra su amenaza de imponer un arancel del 5 % por el presunto incumplimiento del Tratado de Aguas de 1944. Hoy es China; mañana, el agua.
Con la renegociación del T-MEC prevista para 2026, la ausencia de reglas claras y estables es especialmente preocupante. Los inversionistas no están esperando a ver qué ocurre. Están ajustando sus decisiones ahora. Y en ese cálculo, el Plan Sheinbaum aparece menos como una estrategia de fortalecimiento industrial y más como una respuesta defensiva a una presión externa permanente, cuyos beneficios son inciertos y cuyos costos ya comienzan a materializarse.
MÉXICO COMO “VÍA ALTERNATIVA”: EVIDENCIA, MECANISMOS Y CONSECUENCIAS GEOPOLÍTICAS
Existe evidencia creciente de que China ha utilizado a México como vía alternativa para mitigar o esquivar las restricciones comerciales impuestas por Estados Unidos. Esta percepción —clave en la lógica estratégica de Washington— no se basa en un único mecanismo, sino en al menos tres canales diferenciados, cuyo peso relativo varía, pero que en conjunto refuerzan la idea de una “puerta trasera” hacia el mercado norteamericano.
El primer mecanismo es el transbordo. Consiste en realizar modificaciones mínimas a un producto de origen chino para que, formalmente, adquiera origen mexicano. No obstante, este método enfrenta límites jurídicos claros. Para cumplir con las reglas de origen del T-MEC, la transformación debe ser sustancial, lo que implica procesos productivos complejos, inversiones significativas y un escrutinio regulatorio elevado. Por estas razones, el transbordo puro resulta costoso y relativamente poco frecuente.
El segundo canal, mucho más relevante en términos cuantitativos, es el uso intensivo de insumos intermedios chinos en la producción mexicana. Aproximadamente 12 % de todos los bienes intermedios que importa México provienen de China, lo que refleja una integración profunda en ciertas cadenas de suministro. Esta tendencia se ha intensificado con el endurecimiento de la política comercial estadounidense. Un análisis del Brookings Institution muestra que el crecimiento de las importaciones mexicanas desde China se aceleró de forma notable entre los periodos 2018-2024, precisamente cuando Estados Unidos intensificó las medidas arancelarias y de control tecnológico. La correlación es difícil de ignorar: cuanto más se cierran las puertas a China en Estados Unidos, mayor es el flujo de productos chinos hacia México.
Desde la óptica estadounidense, este fenómeno refuerza la percepción de que México funciona como un canal indirecto de acceso al mercado norteamericano. Aunque este proceso no es necesariamente ilegal ni contrario al T-MEC en todos los casos, sí alimenta una lectura estratégica de evasión sistémica de las restricciones.
El tercer mecanismo es la inversión extranjera directa china en territorio mexicano. El objetivo es claro: establecer producción física dentro de México para beneficiarse del acceso preferencial al mercado estadounidense. Aquí, la información disponible es fragmentaria. Mientras que los datos oficiales de la Secretaría de Economía reportan cifras relativamente modestas, estimaciones independientes —como las de Rhodium Group— sugieren que la inversión china en 2023 fue varias veces superior a la registrada oficialmente y que, en un solo año, habría superado el total acumulado desde 2000. Aun así, incluso bajo estas estimaciones, la inversión china sigue siendo pequeña en comparación con la estadounidense.
Este fenómeno se inscribe en una dinámica más amplia: el nearshoring. Desde la entrada en vigor del T-MEC, México se ha consolidado como el destino preferente para relocalizar producción destinada al mercado norteamericano. Las empresas chinas no han sido la excepción. Han seguido la misma lógica que firmas europeas o asiáticas: producir más cerca del cliente final. Desde la perspectiva de Washington, sin embargo, esta convergencia resulta problemática cuando el origen del capital es chino.
En este contexto, los aranceles propuestos por el gobierno de Claudia Sheinbaum adquieren una lógica más amplia. No solo buscan proteger sectores específicos de la industria mexicana; también apuntan a cerrar esa vía alternativa. Si importar desde México deja de ser rentable como mecanismo indirecto de acceso al mercado estadounidense, la estrategia china pierde efectividad. Desde esta óptica, el plan arancelario es menos una política industrial nacional y más un instrumento de alineamiento estratégico.
Este alineamiento, sin embargo, no está exento de implicaciones geopolíticas. La relación entre México y China ha sido históricamente compleja, pero en términos generales cordial. China es el segundo mayor socio comercial de México, y ambos países mantienen relaciones diplomáticas desde 1972. El vínculo se profundizó en 2013, cuando la visita de Xi Jinping a Ciudad de México derivó en la elevación de la relación bilateral al nivel de “asociación estratégica integral”, el máximo estatus diplomático otorgado por China.
Más allá de los gestos, la cooperación ha tenido una dimensión política concreta. Un estudio del Real Instituto Elcano sobre el comportamiento de voto en la Asamblea General de la ONU distingue entre votaciones por valores y por intereses económicos. En cuestiones vinculadas a derechos humanos o soberanía, México coincide con Estados Unidos en alrededor del 80 % de los casos. En cambio, cuando las votaciones abordan temas económicos —sanciones, comercio o desarrollo—, México ha coincidido con China en más del 81 % de las ocasiones. Este patrón refleja una lógica pragmática: afinidad por intereses económicos más que alineamiento ideológico.
Desde esta perspectiva, el endurecimiento de la postura mexicana frente a China representa algo más que un ajuste comercial. Supone una alteración del equilibrio diplomático tradicional, en la que México parece optar por priorizar su relación estratégica con Estados Unidos, aun a costa de tensionar un vínculo económico relevante con China. El Plan Sheinbaum, así entendido, no es solo una política arancelaria: es una decisión geopolítica con efectos de largo alcance.
REPERCUSIONES EN LAS INVESTIGACIONES ANTIDUMPING
Poco después de la adhesión de México al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), se creó la Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales (UPCI) dentro de la entonces Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (SECOFI), hoy Secretaría de Economía. Su mandato fue claro: tramitar y resolver las investigaciones en materia de prácticas desleales de comercio internacional, en particular dumping y subvenciones, así como administrar los procedimientos de salvaguardias y determinar, en su caso, la imposición de cuotas compensatorias y medidas de defensa comercial.
Desde su creación, la UPCI ha investigado importaciones originarias de 57 países. Del total de investigaciones iniciadas, China concentra el 27.3 %, mientras que Estados Unidos representa el 21.8 %, lo que refleja la centralidad de ambos países en la política mexicana de defensa comercial. La evolución histórica de estas investigaciones muestra picos claramente asociados a cambios estructurales en el comercio internacional y a episodios de presión competitiva intensa.
Un punto de inflexión particularmente relevante es 1993, año en el que México inició un amplio paquete de investigaciones antidumping contra importaciones procedentes de China, episodio conocido como el “chinazo”. Dichas investigaciones abarcaron sectores como textiles, prendas de vestir, calzado, juguetes y otros bienes intensivos en mano de obra, es decir, las mismas industrias que hoy aparecen incluidas en el denominado “Programa de protección para las industrias estratégicas”. En aquel momento, China no era miembro de la Organización Mundial del Comercio (OMC), lo que limitó de manera significativa su capacidad de defensa procesal.
Más allá del número de investigaciones iniciadas, el elemento verdaderamente revelador surge al analizar las cuotas compensatorias efectivamente impuestas. De un total de 224 cuotas compensatorias, 81 (36.2 %) corresponden a productos originarios de China, mientras que 46 (20.5 %) se aplicaron a productos de Estados Unidos. Esta disparidad evidencia que, en la práctica, el instrumento antidumping ha sido utilizado con mayor intensidad y severidad frente a China.
La situación actual refuerza esta tendencia. Al 30 de noviembre de 2025, ante la UPCI se encontraban en trámite 50 procedimientos de remedios comerciales, todos en materia antidumping: 25 investigaciones ordinarias, 19 exámenes de vigencia, 5 revisiones de cuota compensatoria y 1 examen-revisión. De este universo, el 48 % corresponde a productos de China, mientras que el 14 % se refiere a productos originarios de Estados Unidos.
De estos datos se desprende una conclusión clara: el antidumping ha funcionado históricamente como un instrumento selectivo de contención, dirigido principalmente contra China y, en general, contra países con los que México no mantiene tratados de libre comercio. En ese sentido, las investigaciones antidumping han cumplido una doble función: jurídica, al corregir distorsiones de precios, y estratégica, al administrar los costos de la apertura comercial.
Sin embargo, el incremento arancelario generalizado aprobado recientemente altera de manera sustantiva este esquema. Al imponer aranceles elevados de forma transversal a productos provenientes de países sin tratado de libre comercio, el nuevo régimen desplaza y, en los hechos, vacía de contenido al instrumento antidumping. A partir del 1 de enero, el inicio de nuevas investigaciones contra estos países pierde racionalidad económica y jurídica: el arancel ya cumple la función protectora que antes se lograba mediante un procedimiento técnico, largo y probatorio.
En este contexto, el antidumping deja de ser un instrumento central de política comercial para convertirse en un mecanismo residual, aplicable únicamente en escenarios muy específicos. El cambio no es menor: supone el tránsito de un sistema de defensa comercial selectiva y caso por caso hacia un esquema de protección generalizada, con implicaciones profundas para la arquitectura institucional de los remedios comerciales en México y para su compatibilidad de largo plazo con el sistema multilateral de comercio.
CONCLUSIÓN GENERAL
El giro arancelario impulsado por el gobierno de Claudia Sheinbaum no puede entenderse como una medida aislada de política industrial ni como una simple respuesta coyuntural a presiones sectoriales internas. Se trata, en realidad, de un cambio estructural en la inserción internacional de México, profundamente condicionado por la reconfiguración del orden geoeconómico global, la securitización del comercio y la redefinición de la hegemonía estadounidense en el hemisferio occidental.
Desde la firma del TLCAN en 1992, México apostó de manera decidida por un modelo de desarrollo basado en la apertura comercial, la integración productiva y la atracción de inversión extranjera orientada a la exportación. Ese modelo funcionó bajo el supuesto de un orden internacional relativamente estable, regido por reglas multilaterales y con Estados Unidos como garante —aunque imperfecto— de dicho sistema. Sin embargo, ese supuesto ha dejado de ser válido. La Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos de 2025 consagra de forma explícita la primacía de los intereses vitales, la seguridad económica y la lógica de esferas de influencia, relegando el libre comercio a un papel instrumental y subordinado.
En este nuevo contexto, México se encuentra en una posición particularmente vulnerable. Su alta dependencia del mercado estadounidense, la centralidad del T-MEC y la amenaza constante de medidas unilaterales —arancelarias, migratorias o incluso de seguridad— han reducido significativamente su margen de autonomía estratégica. El Plan Sheinbaum debe leerse, por tanto, como una estrategia de acomodamiento frente a esta realidad: un intento de preservar el acceso preferencial al mercado norteamericano alineándose con las prioridades estratégicas de Washington, especialmente en lo relativo a la contención de China.
La evidencia analizada muestra que esta contención no es abstracta. Estados Unidos percibe —con razón o sin ella— que México ha funcionado como una vía alternativa para la penetración de productos y capitales chinos mediante el uso de insumos intermedios, esquemas de nearshoring y flujos de inversión directa. Los nuevos aranceles buscan cerrar esa “puerta trasera”, aun a costa de tensionar la relación bilateral con China, históricamente cordial y económicamente relevante para México.
No obstante, este alineamiento tiene costos significativos. En el plano económico, los aranceles generan efectos en cascada sobre las cadenas productivas, encarecen insumos, afectan la competitividad exportadora y deterioran las expectativas de inversión. La experiencia reciente del sector automotriz ilustra con claridad este fenómeno: mientras las exportaciones se sostienen en el corto plazo, la inversión se retrae de forma abrupta, anticipando riesgos de largo plazo. En ausencia de amortiguadores cambiarios —como ocurrió en Vietnam—, el impacto de las restricciones comerciales es más severo para México.
En el plano institucional, el nuevo esquema arancelario desplaza y debilita los instrumentos tradicionales de defensa comercial, en particular el antidumping. Durante décadas, las investigaciones antidumping operaron como un mecanismo selectivo, técnico y jurídicamente estructurado para administrar los costos de la apertura, con China como principal objetivo. El aumento arancelario generalizado convierte a este instrumento en gran medida en obsoleto, marcando un tránsito desde una defensa comercial basada en reglas hacia una protección más amplia, menos sofisticada y potencialmente más conflictiva con el sistema multilateral de comercio.
Finalmente, en el plano geopolítico, la decisión implica una alteración del equilibrio diplomático histórico de México. Aunque el país ha coincidido con Estados Unidos en votaciones vinculadas a valores, ha mantenido tradicionalmente una afinidad con China en temas económicos y de desarrollo. El endurecimiento de la postura frente a Pekín señala una toma de partido más clara en un entorno de competencia estratégica, con implicaciones que trascienden lo comercial.
En suma, el Plan Sheinbaum no es únicamente una política para proteger industrias estratégicas. Es la manifestación de un nuevo régimen de inserción internacional, caracterizado por mayor incertidumbre, menor seguridad jurídica y una subordinación creciente de la política comercial a consideraciones de seguridad y poder. La pregunta de fondo ya no es si estas medidas benefician a ciertos sectores en el corto plazo, sino si México podrá sostener un modelo de desarrollo estable y atractivo para la inversión en un escenario donde las reglas cambian constantemente y donde ceder hoy no garantiza certidumbre mañana, especialmente de cara a la renegociación del T-MEC en 2026.
FUENTES:
- https://forbes.com.mx/aranceles-de-mexico-a-productos-chinos-podrian-aumentar-su-precio-hasta-100/
- https://www.bbc.com/mundo/articles/c3w754vl797o
- https://clusterindustrial.com.mx/inversion-automotriz-modera-su-paso-y-suma-953-mdd-en-45-proyectos-durante-el-3t-2025/
- https://www.economia.gob.mx/datamexico/es/profile/product/vehicles
- https://rhg.com/research/a-closing-back-door-chinas-evolving-fdi-presence-in-mexico/
- https://www.gob.mx/se/acciones-y-programas/industria-y-comercio-unidad-de-practicas-comerciales-internacionales-upci